A nivel internacional, en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2015), se explica que el abuso sexual ocurre cuando los menores son utilizados para la estimulación sexual de un adulto o para la gratificación de un observador, que en ambos casos puede resultar ser conocido, desconocido y/o pariente del menor; por lo que implica toda interacción sexual que puede o no estar consentida, independientemente de si el menor comprende o no la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no manifieste signos claros de rechazo. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia “DIF” (2017), en México, establece que el abuso sexual infantil constituye un significativo problema a las violaciones de los derechos fundamentales de las niñas y niños, debido a que se les debe garantizar su protección y cuidados necesarios para su bienestar, ya que tienen el derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000). Son precisamente las incidencias de violaciones a estos derechos los que resultan alarmantes ya que según Save the Children (2012), México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años. De igual forma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2014) afirma que México ocupa el 1er lugar en abuso sexual y homicidio en menores de 14 años. En el municipio de Chihuahua, la Dirección de Estadística Criminal de la Fiscalía General del Estado (2022) reporta que entre los años 2016 y 2018 se registraron 2834 delitos contra niñas, niños y adolescentes que contemplan las siguientes agresiones: Abuso Sexual, Violación, Violencia Familiar y Lesiones dolosas. En el 2021 estos mismos delitos alcanzaron la cifra de 1166. Analizando los delitos de índole sexual contra la niñez chihuahuense las cifras son desalentadoras.
Como se aprecia en la tabla anterior, el índice de violencia sexual contra la niñez del municipio de Chihuahua alcanzó casi la mitad (48.5%) de la totalidad de los mismos delitos registrados previamente en un lapso de tres años. Adicionalmente, es necesario destacar que los datos proporcionados a nivel estatal son poco significativos según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV, 2016), ya que se estima que la cifra denunciada puede ser apenas el 6% de los casos, lo que implica que más del 90% de los eventos ocurridos no son denunciados y por tanto no forman parte de la estadística. Sobre esta misma línea, Observatorio Ciudadano, a través del Fideicomiso para Competitividad y Seguridad Ciudadana (2022) resaltó que, a través de una encuesta implementada a nivel estatal para niñas, niños y adolescentes de 10 a 16 años en escuelas públicas y privadas de las ciudades de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes y Ciudad Juárez; se detectaron 468 casos de abuso en el estado de Chihuahua, siendo las víctimas de 12 a 15 años. Estas realidades justifican la necesidad de desarrollar proyectos y programas que den atención y solución al tema de los delitos sexuales contra niñas y niños de Chihuahua; proyectos que tendrán como principal soporte la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (2014) que en su artículo 12, referente a los Sistema de Protección Integral, requiere la creación de instrumentos, políticas, servicios, acciones y procedimientos de protección de dichos derechos. El presente proyecto busca la participación de los sectores públicos, privados y de la sociedad civil para la protección de los derechos; también se busca generar mecanismos de participación directa con presupuestos destinados a dichos fines y otras actividades en coordinación con otros sistemas nacionales que desarrollen programas, acciones y políticas que beneficien a niñas y niños.